En
distintos foros he señalado que nos encontramos a la cola de las
comunidades españolas en producción de energías limpias. En algunas de
ellas, como Navarra, se alcanza un 70%, frente a nuestro mísero 4%. A
pesar de que estamos rodeados por el Atlántico, no hemos hecho nada por
investigar la energía mareomotriz; aunque disponemos del mayor número
de horas de insolación, nos vemos imposibilitados para instalar plantas
fotovoltaicas, porque la empresa que ostenta el suministro energético
en régimen de monopolio impide la conexión a la red de la energía
generada por el sol; hemos desperdiciado también la oportunidad de
generar energía geotérmica, y eso que somos todo magma; no hemos
avanzado nada en la producción de biogás aprovechando los vertidos que
hoy se acumulan en vertederos nauseabundos…
Mientras en distintos lugares de Europa ya andan a velocidad de
crucero instalando parques eólicos dentro del mar (he tenido ocasión de
ver un prototipo que incluye depósitos de gas y granjas piscícolas), en
esta tierra nuestra, con las mejores condiciones para producir energía
a través del viento (en Agüimes se encuentra el parque eólico record
del mundo en producción continua de energía), desde hace más de diez
años no se instala un nuevo aerogenerador que no sea para consumo
asociado aislado. Sí, se trata de toda una década perdida porque la
corrupción -caso eólico-, la inacción y la incompetencia se han
adueñado de la práctica política, con un alto grado de complicidad
técnica.
Cuando, tras la realización del último concurso eólico, todo parecía
alcanzar visos de normalidad, volvemos a tropezarnos cada día con
sorpresas que anegan de despropósitos y obstáculos el aprovechamiento
del viento. Primero fue Lanzarote quien puso el grito en el cielo al
dejarse a Inalsa fuera de cualquier posibilidad de acceder a un parque
propio y fue necesaria la revisión del concurso. Luego serían
Fuerteventura y La Palma las islas que obligaron a cambiar las
adjudicaciones realizadas en un primer momento. Más tarde vendría la
confirmación de que en Fuerteventura, al no tenerse en cuenta las
determinaciones del PIOT, los cuatro parques que le correspondió se
adjudicaron en suelo rústico protegido, lo que los hace inviables. En
Gran Canaria, donde más de una cuarta parte le “toca” a un solo
empresario -con alguna coincidencia “casual” con algún miembro preclaro
del Gobierno- resulta que sucede lo mismo al chocar de frente con las
delimitaciones de nuestro Plan Insular de Ordenación del Territorio. En
el conjunto de Canarias se han presentado un total de 138 reclamaciones
a la resolución del concurso y la mayoría de los afectados coinciden en
señalar enormes errores y contradicciones.
Pues bien, cuando casi todo esteba dicho y digerido- aunque queden
por resolver los recursos grancanarios-, cuando nuestra capacidad de
sorpresa parecía ya casi agotada, nos topamos con una realidad kafkiana
que no pasa de ser pura inoperancia, insolvencia e irresponsabilidad, y
que quiero compartir con la sociedad canaria, siquiera para lamernos
juntos las heridas, que desgraciadamente parece que es lo único que nos
queda. Y la verdad no es otra que la imposibilidad de que el 99% de los
parques eólicos adjudicados en Canarias puedan instalarse.
Sí. Efectivamente. Los parques eólicos adjudicados no van a poder
instalarse, y aunque parezca que el siroco me ha dañado las neuronas,
la realidad es muy tozuda y, desgraciadamente, todo el trabajo
realizado no ha servido para nada. Les explico.
Increíblemente, la convocatoria del concurso por parte de la
consejería de Industria obvió cualquier requerimiento referido a
planeamientos urbanísticos o medioambientales y estableció un mapa de
ubicación que ha hecho que la práctica totalidad de los proyectos
presentados estén en suelo rústico, que a su vez se divide, según la
Ley del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, en cuatro tipos:
los que precisan protección ambiental que impide la existencia de
parques eólicos (este es el caso de Fuerteventura, que se quedará sin
energía eólica por muchos años); los que precisan protección de sus
valores económicos (agrarios, forestales, hidrológicos, mineros o de
infraestructuras); los que contienen formas tradicionales de
poblamiento rural ( por su singularidad aquí no cabe ningún parque) y
los de protección territorial.
La práctica totalidad de los parques grancanarios se encuentran
situados en suelo rústico de protección económica. Pues bien, el mismo
gobierno de Canarias promulga la famosa Ley de Medidas Urgentes en
Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la
Ordenación del Turismo, que ve la luz el 12 de mayo de 2009, y, aquí
está la sorpresa: en el artículo 4 del régimen del suelo rústico, en su
apartado cuatro, nos dice textualmente: “en suelo protegido por razón
de sus valores económicos a que se refiere la letra b) del artículo 55
anterior se podrá autorizar la instalación de plantas de generación de
energía fotovoltaica, eólica, o cualquier otra proveniente de fuentes
endógenas renovables, siempre que no exista prohibición expresa en el
Plan Insular de Ordenación, en los Planes Territoriales de Ordenación o
en el Planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos que resulten
aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la instalación.
En todo caso, las instalaciones autorizables deberán respetar los
siguientes requisitos: a) la potencia máxima será de 1,5 MW (1.500 KW)”
Si un solo molino tiene entre 0,90 y 2,00 MW, esta Ley de Medidas
Urgentes hace imposible la instalación de más de un aerogenerador en
los parques eólicos ganadores del concurso, ya que prácticamente todos
están en suelo rústico de protección ambiental o económica.
El mismo Gobierno canario redacta una ley que destroza, así, con
todas las letras, el concurso cuando está a punto de culminar su
proceso. Habrá que volver a empezar. A desandar el camino y de nuevo
otros cuatro o cinco años sin que se instale un aerogenerador. Cada vez
más a la cola. ¿Y las posibles peticiones multimillonarias de
indemnización? ¿Estamos ante un nuevo Tebeto, esta vez no de piedra
sino de viento? ¿Se nos habrá llevado el viento la vergüenza y la
capacidad de reacción? ¿No habrá responsables de este desaguisado?
Si al menos sirviera para que se reconsiderara todo y se pusiera
esta energía en manos públicas…, pero me temo que no, las cartas están
muy marcadas.
*Antonio Morales es alcalde de Agüimes.
